En esta oportunidad, 64 candidatos y candidatas participarán en la elección para ocupar los siguientes cupos disponibles en el Consejo Nacional: 4 representantes del pueblo mapuche, 1 representante likanantay o atacameño, 1 representante aymara, 1 representante rapa nui, 1 representante indígena con domicilio en zona urbana.
La votación se realizará el domingo 19 de abril de 2026, y las personas habilitadas podrán sufragar en cualquiera de los locales dispuestos a lo largo del país, sin necesidad de acudir a un recinto en su comuna o región de residencia.
En el sitio web institucional, las personas interesadas pueden revisar el listado oficial de postulantes al Consejo Nacional de CONADI, una muestra del facsímil del voto, y acceder a la herramienta para verificar con RUT si se encuentran habilitadas para participar en este proceso.
Fortalecer la Ley Indígena
“El sitio web de CONADI contará siempre con la información oficial y actualizada del proceso, por lo que invitamos con entusiasmo a las personas a ser parte de esta importante instancia”, explicó Álvaro Morales Marileo, director nacional de CONADI.
El directivo agregó además que “la participación en este proceso contribuye a fortalecer la institucionalidad establecida en la Ley Indígena N.º 19.253 y el rol fundamental que desempeñan los pueblos indígenas en la toma de decisiones”.
Proceso nacional
La propuesta de los representantes indígenas ante CONADI es un proceso participativo y democrático que involucra a las personas indígenas de todo Chile, por lo que todos los pueblos y territorios del país están invitados a participar.
Los consejeros nacionales indígenas ante CONADI tiene una importante misión de representación, pues constituyen la voz de todos los pueblos indígenas de Chile, y toman importantes decisiones relacionadas con programas de desarrollo indígena, promover reformas legales y programas que van en directo beneficio de los pueblos originarios.
Finalmente, cabe señalar que el Consejo Nacional de CONADI es un órgano compuesto por representantes indígenas y autoridades gubernamentales, que asesora y participa en la formulación de políticas públicas para pueblos originarios, siendo su función principal defender los derechos, las tierras y el desarrollo integral de las familias y comunidades indígenas.
