El representante de La Araucanía explicó que el proyecto sanciona con presidio la toma de cualquier terreno en el país, castigando con hasta cinco años de cárcel a quienes lo hagan utilizando la violencia o intimidando a sus propietarios, como ocurre en la Macrozona Sur.
Como un paso “muy significativo” en el combate al narcoterrorismo calificó el diputado por la Región de La Araucanía e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Henry Leal (UDI), la aprobación en primer trámite de la denominada “Ley de Usurpaciones”, que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, estableciendo la flagrancia “permanente”, además de facilitar la restitución de las propiedades y sancionar con penas de cárcel a todos los autores.
Al respecto, el parlamentario recordó que dicha iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos que desde el año pasado vienen solicitando al Gobierno que pueda otorgarle máxima urgencia legislativa, por lo que tras su aprobación en el Senado emplazó a las autoridades a priorizar su tramitación en la Cámara, de manera que durante las próximas semanas pueda convertirse en ley.
“La ley de usurpaciones es absolutamente necesaria y urgente en nuestro país, no sólo porque nos permitirá combatir de mejor forma a todos los grupos terroristas que, por medio de la violencia, se están tomando los terrenos en la Macrozona Sur para cometer sus actividades ilícitas, sino que es también una herramienta que servirá para el resto del país, porque hoy en día son cientos las agrupaciones y verdaderas mafias las que se están apoderando de terrenos para luego lotearlos de manera irregular, engañando a miles de familias chilenas”, manifestó el diputado de la UDI.
En esa línea, Leal explicó que el proyecto de ley sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo (desde 541 días hasta cinco años) a quienes ocupen de manera total o parcial un inmueble por medio de la violencia, mientras que cuando dicha acción se cometa sin intimidación, el castigo partirá en los 61 días hasta los tres años, pasando así de una infracción -como hoy- a un delito.
Pero además, el representante de La Araucanía precisó que la iniciativa también extiende el período de flagrancia, permite la restitución anticipada del inmueble -incluso durante la investigación-, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación para perseguir a los usurpadores y castiga con penas de presidio a quienes mediante el engaño vendan o arrienden un terreno tomado.
“Lo importante ahora es que el Gobierno entienda que este proyecto es indispensable si queremos enfrentar a los grupos terroristas y a las mafias que operan en la Macrozona Sur y a lo largo de nuestro país. Y para eso es fundamental que le otorguen máxima urgencia a esta iniciativa y así podamos despacharla lo antes posible de la Cámara Baja, pero también es indispensable que no acudan al Tribunal Constitucional para impugnar el texto”, advirtió el parlamentario gremialista.
