El abogado Marcos Rabanal Toro, de la sede regional de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), interpuso una denuncia en contra de quienes resulten responsables, “en calidad de autores, cómplice o encubridor”, por el delito de vejaciones injustas, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, cometido en perjuicio de Manuel Fernando Mora Chepo, sociólogo de 32 años, ciego, testigo imputado en el caso Convenios, en su arista Folab-Educc.
De acuerdo a lo declarado por el abogado, en representación del testigo afectado y según el relato de la propia víctima, quien es ciego desde los 23 años, el día 13 de octubre de 2023 llegaron a su casa tres personas diciendo pertenecer a la Policía de Investigaciones y a la fiscalía regional, con una supuesta orden de allanamiento por el caso fundaciones y que debían retirar todos los dispositivos tecnológicos y documentación al respecto. “En ese momento yo estaba con mi madre que había venido de visita, una mujer de 74 años con múltiples enfermedades, una de ellas la hipertensión. Los funcionarios no presentan ningún documento en braille, por lo que el contenido de ellos me fue inaccesible”, relata Mora.
“Me dijeron que tenían orden de “descerrajar” y entrar por la fuerza a la casa, por lo que para evitar que destruyeran tuve que dar la entrada …”, agrega el sociólogo ciego y dice que hicieron a su madre firmar algunos documentos e hicieron que él firmara también.
“Lo hice, pues mi madre adulta mayor, muy aterrada por estas personas, ya estaba empezando a tener una crisis y era necesario terminar con ese episodio. Reitero que como no estaba el documento en Braille, desconozco el contenido”, dice el hombre y añade que no cree que sea legal que una persona adulta mayor, que se encuentra de visita en un domicilio, sea obligada a firmar un documento que no entiende.
Herramienta de desplazamiento
Al ser una persona no vidente, el sociólogo utiliza un programa especial instalado en su celular, sin el cual le es imposible desplazarse y pierde, como dice, “su autonomía”. “Les pregunté acerca del destino de mis aparatos, pues el computador es con el que realizaba mis actividades laborales y el teléfono la herramienta con la que puedo desplazarme por la ciudad, el cual es mi instrumento de ubicación geoespacial, esencial para poder desplazarme en la comuna de Temuco”, relata Mora.
“Sin ellos, mi autonomía se rompe totalmente. Me dijeron que podía ir a la fiscalía a solicitar que los procedimientos sobre los aparatos fueran más rápidos, pues en teoría no los revisan directamente, sino que más bien realizan una copia forense y revisan sobre aquella copia”, agrega el no vidente.
“Me dieron la dirección de la fiscalía de alta complejidad y el nombre del fiscal Carlos Cornejo por quien debía preguntar”, señala Mora y relata además que luego, el lunes 16 de octubre, va a la fiscalía, debiendo ir acompañado, ya que sin sus aparatos no se podía desplazar de forma autónoma. “Al llegar a la fiscalía, sin tener ninguna cita previa, el fiscal me hace entrar a su oficina, dice inmediatamente que me estaban esperando .. de inmediato me señalan que estoy imputado en el caso Folab, que hay personas en la cárcel por ese caso y que yo voy hacia la cárcel si no digo lo que él quiere escuchar”, acusa el sociólogo.
“El fiscal dijo que tenía que declarar en forma inmediata, pues además de que iban a ir por mí en cualquier momento para llevarme a la cárcel, mi declaración podría acelerar/hacer innecesaria la revisión de mis aparatos, por lo que podrían entregármelos enseguida”, cuenta Mora.
“Me sentí aterrado .. comenzó el interrogatorio por parte del fiscal y de su ayudante. Previamente ambos me estuvieron manipulando psicológicamente durante al menos 10 minutos, con temas de ir a la cárcel, que yo tenía que decir lo que querían escuchar”, añade y cuenta cómo se sentía y el “terror” que le infringían los fiscales.
Caso Folab
“La declaración comenzó con preguntas acerca de mi relación laboral con Rinett Ortiz, les dije que me había llamado un día, me había solicitado que diseñara un programa para su fundación, le expliqué los costos, ella aceptó y yo diseñé dicho programa. Me preguntaron acerca de la fuente de recursos con los que Rinett me pagaría, les dije que se había presentado como la directora de una fundación de 15 años de experiencia, por lo que yo confiaba en su palabra”, dice sobre el inicio de las preguntas.
“Durante la declaración les dije que no recordaba fechas ni montos, pues como señalé, no iba preparado para ello. Insistieron en que les señalara acontecimientos de los cuales en reiteradas ocasiones les dije que no tenía claridad, aún así los consideraron como bien definidos”, puntualiza el sociólogo.
Sin embargo, agrega que en varias ocasiones señalaban a su madre de 74 años, en temas relativos al dinero que él ganaba y además, sobre sus relaciones sentimentales, lo que el no vidente considera una vejación y humillación, por lo que pide que salga de la oficina. “Tanto fue así que aproximadamente a las 3 horas de entrevista pedí que ella saliera de la sala, pues percibía que se encontraba muy afectada por las humillaciones que me hacía el fiscal”, dice Mora.
“Con estos actos el fiscal Carlos Cornejo anuló mi personalidad, afectó profundamente mi capacidad de discernimiento, disminuyó mi voluntad y me hizo sentir menoscabado como persona y profesional”, agrega el sociólogo.
Susan Alarcón
“Luego de ese punto volvieron a empezar con la entrevista, preguntaron en reiteradas ocasiones acerca de mi relación con Rinett Ortiz, mi amistad con Susan Alarcón, dijeron que existía una relación romántica entre ambos, cosa que no es cierta, me preguntaron acerca de mi posición política, les dije que soy de izquierda, me dijeron que debía actuar con la razón y dejar el corazón de lado”, señala Fernando Mora.
“Insistieron en supuestas relaciones sentimentales. Me preguntaron hasta el cansancio sobre montos de dinero de los cuales yo no tenía claridad, se los dije, que era probable que estuviera confundiendo fechas y que no quería incurrir en error, pero dijeron que no importaba, que lo confirmarían más tarde”, dice el testigo, que en ese momento era ya imputado, declarando sin su abogado.
Firma de la declaración
“Una vez terminada la declaración, aproximadamente unas 5 o 6 horas luego de empezar, me leyeron dicha declaración, dentro de lo poco que pude entender, aún me sentía aterrado por las palabras del fiscal Carlos Cornejo que me indicó antes del interrogatorio, en la cual me dijo que me llevaría a la cárcel si no decía lo que él quería escuchar … hice rectificaciones que no estoy seguro de que hayan sido incorporadas, pues de la misma manera que durante la incautación, el documento que hicieron que firmara no estaba en un formato accesible para mí (lenguaje Braille)”, cuenta el sociólogo, agregando que además no le devolvieron su celular como le habían dicho y que hasta la fecha aún no lo hacen.
Finalmente, el testigo/imputado del caso Convenios en su arista Folab/Educc agrega que no lo dejaron ir al baño en todo este tiempo, sin dejarlo hacer sus necesidades biológicas. … no lo dejaron ir al baño, le decían que “ya estamos terminando” pero seguía pasando el tiempo y finalmente nunca lo dejaron ir al baño. Le ofrecieron una leche y un plátano, que no recibió ya que se sentía mal como para comer”, dice el abogado Marcos Rabanal del INDH.
Para el Instituto Nacional de los Derechos Humanos estos hechos así descritos son constitutivos del delito de abuso contra particulares, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, pero agravado. “El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste”, señala la Ley.
“Si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiere en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la pena se aumentará en un grado”, puntualiza la legislación además.
