En las dependencias de la fiscalía regional se realizó la firma simbólica interinstitucional para llevar a cabo la puesta en marcha del trabajo del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, que lidera el Ministerio Publico y que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) está apoyando, en un convenio suscrito, a través de la Unidad Derechos Humanos y Buen Trato.
Se espera que este nuevo acuerdo colaborativo genere un protocolo para un accionar más preferente e inclusivo, por parte de fiscales, abogados y funcionarios de la fiscalía de la región, tal como ya se ha hecho con otros grupos vulnerables como niños, migrantes y personas en situación de discapacidad.
En la oportunidad, la Directora Regional del SENAMA Karin Mella precisó al respecto que: “para nosotros como SENAMA este convenio cobra real importancia, ya que nos permite dar cumplimiento a lo que nos ha mandatado nuestro presidente Piñera, que es poder establecer alianzas de trabajo con las distintas instituciones. Sin duda es un gran avance para las personas mayores de La Araucanía, quienes desde el día de hoy contaran con una atención preferente e integral, se instalarán señaléticas en los espacios físicos para que ellos puedan tener una buena orientación, y una atención oportuna”.
En ese mismo sentido Mella agrego la implementación de un Protocolo de Denuncias para Personas Mayores, indicando que: “Bajo este convenio, el trabajo colaborativo se realizará entre ambas instituciones lo que permitirá crear un protocolo de denuncias que se activará cuando se tome conocimiento de casos de violencia u/o maltrato con características de delito, centrada por supuesto en los derechos de las personas mayores”.
Por su parte, el Fiscal Regional Cristián Paredes señalo: “Estamos muy contentos, porque podremos asegurar una atención preferente, prioritaria y acorde a las condiciones en las que se presentan las personas mayores que han sufrido delitos en nuestra fiscalía; y por otro lado efectuar programas de capacitación de manera interna dirigida a nuestros fiscales y funcionarios para brindar la atención conforme a los derechos que les asiste a estas personas, y por supuesto a adultos mayores que lo requieran para que tengan mejor conocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos, y que tengan en definitiva un mejor acceso a la justicia”.
Cabe señalar, que el protocolo proporcionará orientaciones de buenas prácticas y una guía general que busca promover una atención preferente y prioritaria en las distintas etapas de un proceso judicial al que se encuentre expuesto un adulto mayor, así como también otorgar la protección a personas mayores que hayan sido víctimas o testigos de un delito.
Cada una de las mesas trabajará en recomendaciones específicas según la materia asignada, específicamente en materia penal, vejez, envejecimiento y buen trato a las personas mayores de manera mancomunada. Así también, se revisarán las recomendaciones vinculadas a atención y trato, coordinaciones, resguardo de derechos específicos, lenguaje e información e Infraestructura y capacitación.
