Las imágenes que llegan desde Venezuela, tras el terremoto que afectó a miles de familias, conmueven y nos recuerdan una realidad que ningún país quisiera vivir: los desastres naturales llegan sin avisar.
En Chile esa realidad nos resulta demasiado familiar. Somos un país expuesto permanentemente a terremotos, incendios e inundaciones. Sólo este año, los incendios en La Araucanía, Ñuble y Biobío dejaron cerca de 22 mil damnificados, mientras que los megaincendios de Valparaíso destruyeron más de 6.500 hogares. Una realidad que nos obliga a estar mejor preparados.
No sabemos cuándo será el próximo desastre, pero sí sabemos que ocurrirá. Por eso, gobernar un país como Chile exige también anticiparse. Significa aprender de cada emergencia, revisar nuestros procedimientos y eliminar los obstáculos que retrasan la ayuda cuando las familias más la necesitan.
Uno de esos obstáculos ha sido la falta de título de dominio. Miles de familias han vivido durante décadas en sus hogares sin regularizar su propiedad, muchas veces por desconocimiento, distancia geográfica o porque el trámite terminó postergándose durante años. Solo en La Araucanía hay 15 mil expedientes en trámite. Esa realidad se vuelve especialmente dramática cuando ocurre una catástrofe.
Porque en medio del dolor por perder una vivienda, muchas familias descubren que tampoco pueden acceder a subsidios de reconstrucción o beneficios habitacionales simplemente porque aún no cuentan con un título inscrito. Es una situación que como Estado no podemos seguir normalizando.
Por eso, en Villarrica, junto al Presidente Kast anunciamos el Proyecto de Ley de Regularización de Emergencia, que permitirá acortar los tiempos para que las personas obtengan su título de dominio en las zonas declaradas en catástrofe. Se establece un procedimiento excepcional que reduce los plazos de tramitación desde los actuales 18 o 24 meses a cerca de seis meses, sin sacrificar la seguridad jurídica, porque no elimina exigencias ni deja espacio para abusos ni usurpaciones.
Y entendiendo la crítica situación tras un desastre, el procedimiento será gratuito para quienes hayan perdido su vivienda producto de una emergencia.
No se trata simplemente de acortar un trámite. Se trata de hacer que el Estado llegue a tiempo.
Este proyecto también forma parte de una convicción más amplia: avanzar hacia un Chile, país de propietarios. Porque detrás de cada título de dominio no hay sólo un documento, sino una familia que obtiene seguridad, puede acceder a beneficios, emprender, heredar y construir su futuro con mayor tranquilidad.
Porque un terremoto puede derribar una casa; un incendio puede consumir años de esfuerzo. Pero ningún chileno debería perder también la oportunidad de reconstruir su futuro por no haber alcanzado a regularizar su propiedad. Un Estado moderno no sólo reconstruye viviendas; también abre caminos para que las familias vuelvan a empezar.
