El retiro de los 43 decretos ambientales dictados entre 2023 y 2025, en materias tan sensibles como cambio climático, normas primarias de calidad ambiental y el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, constituye una señal grave y profundamente equivocada. No estamos hablando de simples trámites administrativos. Estamos hablando de políticas públicas claves para proteger la salud de las personas, resguardar ecosistemas estratégicos y enfrentar con seriedad una crisis ecológica que ya está afectando la vida de miles de familias.
En particular, el caso del Lago Villarrica impacta directamente a La Araucanía y a toda la zona lacustre. No se trata solo de un paisaje emblemático o de un símbolo turístico. Se trata de un ecosistema esencial para la biodiversidad, para la cultura del territorio y para el desarrollo económico de una zona que depende, en gran medida, de la calidad ambiental de su principal patrimonio natural. Por eso, lo que no puede ocurrir es que una medida tan importante como el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica quede en pausa, debilitada o en la incertidumbre, sin una explicación clara y suficiente para la ciudadanía.
El Lago Villarrica enfrenta desde hace años un proceso de deterioro ambiental marcado por la eutrofización, el florecimiento de algas, la disminución del oxígeno y la pérdida de calidad del agua. A ello se suma la acumulación de contaminantes que ponen en riesgo su equilibrio ecológico y aceleran la degradación de un ecosistema que debiera ser protegido con urgencia. Y cuando un lago se deteriora, no solo se daña la naturaleza: también se resiente la vida cotidiana de las comunidades que dependen de él.
Lo que está en juego no es solo un lago. Está en juego la confianza en el futuro económico de la zona lacustre, el trabajo de miles de personas y la viabilidad de uno de los territorios turísticos más relevantes de Chile. Retroceder en protección ambiental es también retroceder en desarrollo, inversión y oportunidades.
El turismo, la gastronomía, la hotelería, el comercio local y las actividades recreativas dependen directamente de la calidad de sus aguas y de la imagen de un entorno limpio, seguro y saludable. Cada temporada, miles de visitantes llegan atraídos por el lago, generando empleo, ingresos y dinamismo económico para las comunas aledañas. Debilitar su protección no solo amenaza la sustentabilidad de ese desarrollo, sino que instala una señal de incertidumbre que golpea la confianza, afecta a los emprendedores y pone en riesgo la principal base económica de la zona.
Proteger el Lago Villarrica no es una consigna ni un gesto simbólico. Es una necesidad urgente. Es proteger empleo, bienestar, inversión, identidad territorial y calidad de vida. Es también resguardar la cosmovisión mapuche vinculada al territorio, la flora y fauna que habita en el lugar, y el derecho de las futuras generaciones a recibir un patrimonio natural vivo y no un ecosistema degradado.
Tampoco es sano para la democracia que decisiones de esta magnitud se resuelvan sin la debida claridad política y pública. Cuando se retrocede en instrumentos ambientales largamente estudiados, esperados y necesarios, no solo se debilita una política pública: se debilita la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para actuar con responsabilidad, continuidad y visión de futuro.
Chile necesita avanzar, no retroceder. Necesita más convicción ambiental, más certeza para los territorios y más compromiso con un desarrollo que sea verdaderamente sostenible. Porque cuando se frena la protección ambiental, no solo entra en emergencia la naturaleza: entra en emergencia la vida de las personas, el trabajo de las familias y el futuro económico de toda una zona.
