La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Víctor Llanquileo Pilquimán, comunero mapuche que cumple una condena de 21 años en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Cañete, tras ser declarado culpable del asalto a una caja de compensación en la comuna de Galvarino en 2018.
El fallo judicial da curso a un contrato de trabajo gestionado por el Comité Campesino Pichi Nahuel, el cual permitiría a Llanquileo salir diariamente del recinto penal para cumplir funciones laborales, en el marco de las salidas controladas que contempla el régimen penitenciario para internos que cumplan con ciertos requisitos.
Inicialmente, Gendarmería había denegado la solicitud, lo que motivó la acción judicial. La abogada defensora, Daniela Sierra, valoró la resolución del tribunal, enfatizando que «la reinserción social debe ser una prioridad para el sistema penitenciario».
Llanquileo ya contaba desde 2023 con autorización para salidas trimestrales, lo que le permitió finalizar estudios como técnico agropecuario en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tras completar su práctica en la comuna de Tirúa, recibió la oferta laboral que dio pie a esta nueva solicitud de beneficio.
No obstante, la aplicación de la medida quedó en pausa luego de que el Consejo de Defensa del Estado apelara ante la Corte Suprema. La defensa del comunero, por su parte, cuestionó la legitimidad de esa apelación, alegando que el Consejo no tiene competencia para intervenir en este tipo de recursos.
El pronunciamiento de la Corte Suprema será clave para determinar si Llanquileo podrá acceder o no al permiso de salida diaria con fines laborales.
