La diputada por La Araucanía Coca Ñanco ofició a la Delegación Presidencial Regional y al Ministerio de Seguridad Pública para solicitar los antecedentes que llevaron a calificar como de alto riesgo el funeral de Gabriel Eduardo Utreras Sanhueza, quien falleció durante un procedimiento policial registrado durante la madrugada del 17 de agosto en el sector Maquehue, comuna de Padre Las Casas.
La parlamentaria busca conocer cuáles fueron los fundamentos considerados para adoptar esta medida y si posteriormente existió una revisión de la calificación, ante la eventual aparición de nuevos antecedentes.
En particular, Ñanco solicitó informar si hubo solicitudes, gestiones o conversaciones destinadas a modificar la categoría de alto a moderado, quiénes participaron de ellas y qué información fue entregada posteriormente a las autoridades. También pidió explicar las razones por las cuales la calificación se habría mantenido, en caso de no haber sido revisada.
“Lo que estamos pidiendo es algo muy básico: transparencia y explicaciones. Queremos saber con qué antecedentes se calificó este funeral como de alto riesgo, por qué no se habría concretado el velatorio de 24 horas que se informó públicamente y, especialmente, si existieron nuevos antecedentes, por qué la Delegación Presidencial no revisó esa decisión”, señaló la diputada.
Dudas por las condiciones del velatorio
Otro de los puntos planteados en el oficio tiene relación con las condiciones bajo las cuales se desarrolló el funeral.
Según los antecedentes recopilados por la diputación, públicamente se habría informado sobre la autorización de un periodo de 24 horas para efectuar el velatorio. Sin embargo, testimonios entregados por familiares sostienen que esta posibilidad no se habría concretado en la práctica.
Ante esta diferencia, Ñanco solicitó establecer si el plazo fue efectivamente comunicado y garantizado a la familia.
La parlamentaria también cuestionó los criterios utilizados para establecer restricciones de este tipo y planteó que deben estar sustentados en antecedentes objetivos relacionados con la seguridad y el orden público.
“Cuando el Estado adopta medidas que restringen de esta manera a una familia, tiene la obligación de fundamentarlas con criterios objetivos de seguridad y orden público. Lo que no podemos permitir es que decisiones de esta naturaleza estén atravesadas por prejuicios respecto del origen social, cultural o comunitario de una persona”, manifestó.
Solicita informe técnico de Carabineros
Junto con las consultas dirigidas a la Delegación Presidencial, Ñanco solicitó al Ministerio de Seguridad Pública la entrega del informe técnico elaborado por Carabineros que habría servido como antecedente para determinar que el funeral debía ser considerado de alto riesgo, siempre que su divulgación no interfiera con la investigación penal actualmente en curso.
También pidió conocer cuál fue la participación de Carabineros en la definición de las condiciones establecidas para el velatorio, el traslado, el trayecto y la posterior sepultación.
Con el oficio, la parlamentaria busca que las autoridades detallen públicamente los criterios utilizados para adoptar la medida y si existieron antecedentes posteriores que pudieran haber llevado a modificarla.
La controversia abre además una discusión respecto de los criterios utilizados para calificar un funeral como de alto riesgo y los efectos que estas decisiones tienen sobre las familias involucradas.
Fuente: radio Universal
