La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó enviar al Ejecutivo un proyecto de resolución destinado a promover el financiamiento estatal de prótesis deportivas de alto rendimiento para deportistas paralímpicos.
La propuesta, impulsada por el diputado Cristián Neira, solicita evaluar la creación de un programa permanente de financiamiento para este tipo de implementos, así como su incorporación dentro de las ayudas técnicas financiadas por el Estado para deportistas de alto rendimiento reconocidos por el Comité Paralímpico de Chile.
Asimismo, la iniciativa plantea establecer mecanismos de reposición y mantención periódica acordes al desgaste propio de la actividad deportiva, garantizando que los deportistas puedan contar con equipamiento adecuado para entrenar y competir.
“Muchos deportistas paralímpicos enfrentan importantes dificultades económicas para acceder a prótesis deportivas de alto rendimiento, cuyo costo puede ser muy elevado. Como Estado debemos avanzar en soluciones concretas que les permitan desarrollar plenamente su carrera deportiva y representar a Chile en las mejores condiciones”, señaló el diputado Neira.
Durante la discusión, la comisión también acordó invitar al Director Nacional de Senadis y al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes para conocer los aspectos técnicos, administrativos y presupuestarios asociados a una eventual implementación de estas medidas.
Además, se solicitará a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe de legislación comparada que permita conocer experiencias internacionales sobre financiamiento de equipamiento adaptado para deportistas paralímpicos de alto rendimiento.
El parlamentario destacó que esta resolución busca abrir el camino hacia una política pública que reconozca las necesidades específicas de los deportistas con discapacidad y fortalezca el deporte paralímpico nacional, pero también fue enfático en hacer ver la difícil situación fiscal del país y que pese al compromiso, es una iniciativa que recae en el Ejecutivo.
