El diputado por el distrito 23, José Montalva, exigió explicaciones al gobierno por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación contra menores de edad, cuestionando que los beneficios se hayan concedido sin una orden judicial individual para cada caso.
De acuerdo con antecedentes conocidos, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el ministerio de justicia concedió 27 reducciones de condena por abuso sexual de menores y otras 29 por violación. La situación generó cuestionamientos por la aplicación de la Ley 21.421, que desde 2022 estableció restricciones a este beneficio para personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Frente a estos antecedentes, Montalva calificó la situación como “gravísima” y anunció que su bancada solicitará formalmente las resoluciones que autorizaron las rebajas, junto con sus fundamentos y el criterio jurídico utilizado por el ministerio de justicia para determinar que no correspondía aplicar la exclusión contemplada en la normativa.
El parlamentario puso especial énfasis en la necesidad de que el Ejecutivo explique cómo se interpretó la legislación vigente y qué antecedentes respaldaron las decisiones adoptadas. En ese sentido, sostuvo que no basta con entregar una explicación general, sino que es necesario justificar cada resolución y precisar las razones legales que permitieron conceder los beneficios.
“Tratándose de delitos de esta gravedad, el gobierno debe transparentar si estaba legalmente obligado a conceder esta rebaja y demostrarlo caso a caso”, afirmó el diputado.
La controversia se relaciona con la interpretación de la Ley 21.421 respecto de delitos cometidos antes de su entrada en vigencia, en febrero de 2022. El ministerio de justicia ha defendido las rebajas argumentando que la corte suprema ha establecido criterios que impiden aplicar la exclusión legal a hechos anteriores a esa fecha. Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que los beneficios se otorgaron administrativamente, sin recursos judiciales individuales en esos casos.
Finalmente, Montalva recalcó que la gravedad de los delitos involucrados exige máxima transparencia por parte de las autoridades y respuestas claras tanto para las víctimas como para la ciudadanía.
“Las víctimas y el país merecen una explicación clara”, concluyó.
Desde el Gobierno, el vocero Gonzalo Arenas sostuvo que no se trató de una decisión discrecional y aseguró que la cartera cumplió con sus obligaciones legales. Además, afirmó que ninguno de los decretos corresponde a delitos cometidos después de la reforma de 2022.
