En medio de la investigación que derivó en la incautación de dos vehículos con encargo por robo en la comuna de Toltén, el dueño del taller mecánico donde fueron encontrados los móviles entregó su versión de los hechos, asegurando que se trata de un conflicto comercial y no de un delito.
Según explicó el propietario, las camionetas ingresaron al taller hace aproximadamente seis meses para la realización de trabajos mecánicos mayores, principalmente relacionados con fallas graves en sus motores. “Los vehículos llegaron prácticamente sin funcionar, con motores en muy mal estado, por lo que se realizó un servicio completo”, afirmó.
El mecánico sostuvo que el vínculo con el dueño de las camionetas se generó hace un tiempo, debido a trabajos previos asociados a faenas forestales. En ese contexto, indicó que durante meses prestaron servicios de mantención a distintos vehículos vinculados al mismo cliente.
De acuerdo con su relato, el conflicto se originó cuando el propietario de los móviles intentó retirar al menos una de las camionetas sin cancelar los costos asociados a repuestos y mano de obra. “Le señalamos que primero debíamos regularizar los pagos pendientes antes de entregar el vehículo, ya que existía una deuda importante”, señaló.
El dueño del taller cifró la deuda en más de 2,5 millones de pesos por ambos vehículos, desglosando montos cercanos a $1.090.000 por una camioneta y $1.600.000 por la otra.
Asimismo, aseguró que tras negarse a entregar los móviles sin pago, el cliente habría recurrido a acciones que derivaron en la denuncia por robo. “Esto fue una forma de presionarnos para quedarse con los vehículos sin pagar. Se buscó un mecanismo legal que nos dejó sin posibilidad de defensa”, afirmó.
El mecánico también indicó que, previo a esta situación, su taller habría trabajado casi de manera exclusiva para este cliente durante un periodo prolongado, lo que -según dijo- afectó su estabilidad económica. “Estuvimos incluso un mes completo dedicados a sus vehículos, dejando de lado otros trabajos”, agregó.
Finalmente, expresó su preocupación por el impacto que la situación ha tenido en su reputación y estado emocional. “Nos sentimos perjudicados, tanto económicamente como en nuestra imagen, porque se nos vincula a un delito cuando estábamos prestando un servicio”, concluyó.
El caso continúa siendo investigado por las autoridades, quienes deberán esclarecer el origen de los vehículos y las eventuales responsabilidades en los hechos.
