Tras permanecer por más de dos años vinculado a una investigación por un presunto delito de porte ilegal de arma de fuego, un empresario de Angol que presta servicios a la empresa ferroviaria Fepasa presentó una querella contra dos funcionarios de Carabineros que participaron en el procedimiento que terminó con su detención.
El empresario fue finalmente sobreseído por la justicia respecto del delito que se le imputaba y, posteriormente, decidió recurrir a los tribunales para denunciar una serie de presuntas irregularidades que, según sostiene en la acción judicial, habrían ocurrido durante y después de su detención.
La querella acusa a los funcionarios de los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación.
Uno de los principales antecedentes expuestos en la acción judicial apunta a una supuesta solicitud de dinero a cambio de dejarlo en libertad. Según la denuncia, los funcionarios le habrían exigido al empresario el pago de $2 millones bajo esa condición.
Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2023, cuando el hombre fue fiscalizado y detenido en la comuna de Collipulli, mientras se trasladaba hacia Pailahueque. De acuerdo con los antecedentes de la querella, llevaba consigo $1.300.000 en efectivo, dinero que había retirado previamente en Angol con el objetivo de pagar una indemnización.
Durante el procedimiento, Carabineros habría encontrado un arma de fuego al interior de su vehículo, situación que derivó en su detención por el presunto porte ilegal. Sin embargo, el empresario sostiene que el arma se encontraba debidamente inscrita y contaba con la documentación correspondiente.
Junto con el armamento, durante el procedimiento también habría sido incautado el dinero que llevaba consigo. Según plantea la querella, los $1.300.000 no habrían sido restituidos posteriormente.
A raíz de estos antecedentes, la defensa del empresario decidió iniciar una nueva acción judicial para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El abogado que representa al empresario confirmó la presentación de la querella y detalló que esta contempla acusaciones por detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación.
Los hechos denunciados deberán ser investigados por el Ministerio Público y será la justicia la encargada de establecer si existieron o no responsabilidades penales por parte de los funcionarios mencionados en la acción judicial.
