Por Viviana Urrutia
Periodista, máster en Dirección de Comunicación y magíster en Gerencia Pública
Representante SVPChile www.svpchile.cl
Los fallos judiciales favorables a víctimas de algún abuso de poder que el cine muestra como festejos multitudinarios, están lejos de la realidad. Pese a la paz de confirmar que el intento de desvinculación laboral o su concreción fue un atropello, siempre es amargo enfrentarse al empleador, asumiendo un proceso largo, angustiante y un daño creciente a la salud mental a partir de la experiencia misma del acoso.
Primero, se corrobora el respaldo del empleador al victimario o victimarios, que, creyendo que el trabajador no se defendería, decidió complicar su situación laboral sin medir consecuencias para ninguna de las partes, incluyendo a ese empleador en común.
Segundo, porque los canales internos no funcionaron o no fueron imparciales. Una investigación organizacional manipulada, donde se constata un trato desigual, se hace insoportable. En esa ruta cada vez más solitaria, se duda de alcanzar justicia y eso es grave.
Tercero, cada persona no es una isla. Existen quienes acompañan nuestra vida y aflicciones, que terminan mirando con desconfianza el entorno, un efecto que no tendrían por qué sentir. Todo por la mala elección de un individuo o de un grupo irresponsable, que dañó a una persona y a través de ella a su familia, con la ilógica complicidad organizacional, en lugar de detenerlo.
La confirmación de la vulneración de derechos fundamentales de tantos casos en la Corte Suprema no trae dicha. ¿Quién podría enorgullecerse de que se le atropellara?
A más de dos años de vigencia de la Ley Karin, cruel símbolo de la necesidad de equilibrar las relaciones laborales en Chile, invito a reflexionar sobre qué significa que un empleador tome partido por uno de los trabajadores enfrentados, avalando que una investigación interna no se apegue a la rectitud. Eso es una vergonzosa realidad que ocurre más de lo imaginado.
Cuando se llega a una denuncia, cualquiera sea el conducto e independiente del resultado, es la señal inequívoca de una falla que nunca debió permitirse. La omisión, también, es una acción y comunica negativamente. En ese punto, no hay retorno y nadie va a ganar.
Es cierto que los recursos financieros deben cuidarse, pero más aún los humanos. También es real que las indemnizaciones no aseguran la estabilidad económica de la víctima ni son un justo precio por la gratuita angustia vivida. Es absurdo poner en juego costos organizacionales y de productividad para el país al mantener entornos laborales enfermos.
La familia de Karin Salgado fue indemnizada con un monto que destinó a una causa social que ella amaba, pero perdió a su hermana, tía, cuñada y ella, sin esperanza, renunció a la vida. Disponer de una fuente de empleo es un dulce anhelo para concretar sueños personales. Nadie se inserta al trabajo con la idea de enfrentar la peor pesadilla de su existencia.
La prevención real, la asesoría e intervención oportuna pueden evitar que los casos escalen a la Corte Suprema y frenar de manera honesta este mal que contamina a todas las partes.
