Cientista Político
Candidato al Mg. Planificación y Gestión Territorial
Los estados del mundo desde que comenzó la pandemia por COVID, se han visto profundamente afectados en su accionar para atender y dar respuesta en el tiempo y la forma a lo que la sociedad lo exige. El virus, en el caso de América Latina, ha dejado al descubierto que la salud y la seguridad social de las personas, no pueden ni deben estar en manos del mercado, pero también a quedado de manifiesto que el Estado a través de las normativas e instituciones públicas, es quien debe velar por la protección social, económica y alimentaria de un país. Hay que comprender que el virus afecta a las familias en su diario vivir y los efectos de estos problemas se ven reflejados en la calidad de vida de las personas principalmente su la alimentación, dificultad para el pago de servicios básicos y ausencia de fuentes de trabajo.
Se debe tener claro que la pandemia va pasar – cambiaran algunas maneras de comportamiento – la enfermedad pasará, no obstante el virus ira mutando con el pasar de los meses hacia un problema social que se traducirá en reactivación económica, empleabilidad y reactivación de servicios públicos y para atender este desafío se requiere una nueva institucionalidad centrada en las personas, a diferencia de Europa, Chile no posee un estado del bienestar que garantice servicios básicos, salud, educación y que este centrada en la economía local de los territorios, todo se deja en manos del mercado.
La pandemia ha dejado al descubierto una sociedad de mercado altamente fragmentada en el plano social, económico y político y la constitución que hoy tenemos, no da el ancho suficiente y necesario para avanzar en forma concreta para atender estos problemas, alta desigualdad, disparidad territorial, concentración y escasez en la redistribución de la riqueza, ausencia de un sistema de educación y salud publico digno y de calidad.
Estamos rodeados de acciones sociales de buena intención que han ayudado a que miles de familias puedan tener alimentación en sus hogares, pero han sido iniciativas ciudadanas nacidas de ollas comunes, colectas ciudadanas e iniciativas particulares, lo cual sin duda está muy bien, pero surge la duda de si el estado solo se reduce a un plan de gobierno que entrega bonos y cajas de alimentación o el estado debe responder a la ciudadanía así como a respondido a las empresas con ayuda económica para que no quiebren.
Hoy, es fundamental definir qué tipo de sociedad queremos, una sociedad con un concepto de libertad y seguridad social basado en el crédito y el endeudamiento de la población o una sociedad en la que el estado sea promotor y garante de la seguridad social. La pandemia ha costado miles de vidas, ha afectado a millones de familias que hoy no tienen alimentación, servicios básicos ni la libertad financiera para atender sus necesidades. No podemos seguir con un estado subsidiario, necesitamos un estado garante, con visión de futuro, esto conlleva definir una nueva institucionalidad y esta nueva forma de planificar y gestionar los instrumentos públicos, lo cual debe pasar necesariamente por una nueva constitución que responda no solo a esta crisis sino a un nuevo pacto social de equidad y justicia.
