El delegado presidencial José Montalva valoró el importante paso que dio la tramitación del proyecto de nueva Ley Antiterrorista, luego que este jueves la Sala del Senado aprobara por unanimidad gran parte de la iniciativa y quedara lista para cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Es una buena noticia porque se ha dado un paso importante en una ley que nos va a permitir enfrentar el terrorismo en todas sus manifestaciones y lo importante de la ley que hay que rescatar, es que todos los sectores políticos cedieron y se pudo dar con una ley que nos pone a estándar mundial e internacional sobre lo que es la política de trabajo en contra del terrorismo”, dijo la autoridad regional.
El proyecto permitirá modernizar la normativa anti terrorista con el propósito de superar los diferentes obstáculos que se han evidenciado en el último tiempo y que han impedido su aplicación eficiente y oportuna.
“Este proyecto sanciona la asociación terrorista, establece delitos específicos y penas acordes al grado de implicación en la organización, se contempla el delito terrorista individual conexo e inconexo (lobo solitario); facultades investigativas especiales y cambio de jurisdicción en casos de alta complejidad, entre otras medidas”, agregó Montalva.
Cabe mencionar que la normativa actual data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de conducta terrorista. “Con la Ley Antiterrorista que aun rige, era casi imposible probar la forma en que estaba tipificado el delito terrorista, por lo que la hacía muy ineficiente”, recalcó.
PROYECTO
Este proyecto sanciona, con presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años), a toda persona que participe de una asociación terrorista.
Determina penas agravadas según sea la función que se cumpla dentro de la asociación terrorista: sea como reclutador, fundador, financista o jefe de la asociación.
Define asociación terrorista como toda organización de 3 o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tuviere entre sus fines socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica, cuando su inhabilitación pueda producir pérdida de vidas o daños a la integridad física o salud de la población; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado; o bien cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, esos delitos tuvieren la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella; o bien pudieren producir u originar en la población temor generalizado.
La iniciativa indica que se comete un delito terrorista, aun cuando no se forme parte de una asociación terrorista, cuando los delitos sean perpetrados con alguna de las siguientes finalidades:
Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado.
Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
Este proyecto determina que, en el caso que la perpetración de un delito que tenga el carácter de terrorista sea cometido por un empleado público en el desempeño de su cargo, deberá aplicársele la pena correspondiente, aumentada en un grado y la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.
Faculta al Fiscal del Ministerio Público a cargo de una investigación de hechos que revistan caracteres de delito terrorista, previa autorización judicial, para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles, cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación; estableciéndose normas respecto de la información que por esta vía se recopile.
