En el marco de su primera cuenta pública ante el congreso nacional, el presidente de la república, José Antonio Kast, anunció el pronto ingreso de un proyecto de ley destinado a crear el registro de vándalos e incivilidades. La medida, enmarcada en la agenda de seguridad del Gobierno, busca sancionar de manera drástica a quienes alteren el orden público y dañen el entorno urbano, atacando directamente el acceso de los infractores a las ayudas entregadas por el Estado.
Según detalló el mandatario, el objetivo central de esta iniciativa es “proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.
El nuevo registro funcionará clasificando dos tipos de conductas sancionables. En primer lugar, agrupará a quienes cometan delitos específicos, obligando a que respondan por sus hechos quienes incurran en actos como “atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros”.
Por otro lado, el jefe de Estado explicó que el proyecto innovará al tipificar acciones que actualmente no constituyen un ilícito penal. “Hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario”, precisó.
La consecuencia más severa para las personas que terminen inscritas en este registro será la cancelación inmediata de importantes aportes económicos y sociales entregados por el fisco.
Durante su discurso, el Presidente Kast fue tajante respecto al castigo: “Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”. Asimismo, confirmó que estas drásticas consecuencias no solo aplicarán para los delitos graves, sino que “también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales” en el caso de quienes cometan las denominadas incivilidades.
Fuente: ADN Chile
