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Funcionarios de gendarmería denuncian sumario pendiente y graves falencias en recintos penales de La Araucanía

Funcionarios de Gendarmería en la región de La Araucanía denunciaron la existencia de un sumario administrativo pendiente desde hace más de tres años en contra de la directora regional de la institución, Denisse Melgarejo, por presunto mal uso de una vivienda fiscal, sin que hasta ahora se haya conocido una sanción. A ello se suma el reclamo por lo que califican como abandono institucional, precariedad en las cárceles y un trato desigual que —según acusan— favorece a oficiales involucrados en irregularidades. La situación, advierten, se ha vuelto insostenible en las 15 unidades penales de la región debido a la falta de personal, el hacinamiento y el deterioro de la infraestructura.

 “El servicio está al límite del colapso, los funcionarios no tienen uniformes y la autoridad regional parece no ver lo que ocurre al interior de las cárceles”, denunció el vicepresidente nacional de Anfup, César Padilla.

Los dirigentes apuntaron directamente a la directora regional, coronel Denise Melgarejo, a quien acusan de estar “más preocupada de organizar actos protocolares” que de resolver los problemas que afectan a los funcionarios. Pero principalmente, la molestia surge por un sumario en contra de la autoridad, del cual desconocen si hay resultados o no respecto a posibles sanciones por el presunto mal uso de una vivienda fiscal.

Sobre lo anterior, David Diocares, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería de Cautín señaló que “cuando se trata de oficiales, todo se dilata. Buscan que las sanciones prescriban, mientras a los demás funcionarios se les aplica todo el rigor”, agregando que “han pasado tres años y no llegamos a puerto, no tenemos una medida disciplinaria, por lo tanto, nosotros consideramos que es gravoso, en donde tenemos gendarmes que ganan muchos menos que la directora regional y no tienen derecho, ni acceso a una vivienda fiscal”.

Desde la Anfup hicieron un llamado directo al ministro de Justicia para que intervenga en la región y ponga fin a lo que califican como un “abandono institucional”. Los funcionarios, en tanto, se declararon en estado de alerta, advirtiendo que no descartan movilizaciones si no hay respuestas concretas.

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