Por Daniela Bello
Directora carrera de Periodismo U. Autónoma de Chile en Temuco
¿Sabían ustedes que, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas, en poco más de 30 años, 1.440 reporteros en el mundo han sido asesinados? Es decir, 40 periodistas por año pierden la vida de forma violenta por informarlos a ustedes y develar la verdad.
¿Estamos lejos de ello? Por supuesto que no. El pasado 1 de mayo en nuestro país, la periodista Francisca Sandoval fue baleada mientras realizaba sus funciones. Después de varios días de angustia y dolor para amigos y familiares, este jueves falleció.
No podemos quedar indiferentes. Nos han arrebatado la vida de una mujer, de una madre, de una colega. La violencia desmedida y la falta de acción gubernamental, con pocas -o casi nulas- acciones para controlar la delincuencia, nos quitaron la vida de Francisca.
Es insólito que aún no exista discusión pública sobre la profunda carencia normativa, que exija la máxima protección de los profesionales del área de las comunicaciones, con implementación de seguridad, fiscalización, capacitaciones, entre otros; ni tampoco discusión legislativa que aumente las penas para quienes atenten contra la integridad y la vida de los comunicadores, cuando la labor se remite a una acción que es pilar del sustento de una democracia: la libertad de expresión y el derecho a informar.
Para hacer valer ese derecho, los comunicadores deben estar en el mismo terreno de acción donde se enfrentan delincuentes y policías. ¿La diferencia? Nuestras armas son una cámara y un micrófono. El riesgo diario es evidente, pues trabajar en ambientes hostiles no es algo ajeno a nuestra realidad. Hace varias décadas en La Araucanía los periodistas y comunicadores; fotógrafos y camarógrafos, arriesgan su integridad para informar.
Vivimos un retroceso en la libertad de prensa, la protección al ejercicio de los y las periodistas, y el derecho de los ciudadanos a conocer los hechos y la verdad.
