Por Daniel Sandoval, periodista
En La Araucanía, seguimos viendo con preocupación cómo persiste una lógica vertical en la gestión política local. Algunos alcaldes y autoridades electas por la ciudadanía, aún actúan como si el mandato popular fuese un cheque en blanco. Hacen política desde arriba, sin los territorios ni con ellos, ignorando que en una región con profundas raíces culturales y sociales como la nuestra, el único camino legítimo es construir desde abajo. Casos hay muchos, el Gas en Peleco, Las Araucarias en Icalma, la incineradora en Lautaro, y un largo listado por toda la región.
Esta desconexión se refleja, por ejemplo, en la ausencia de asesores en asuntos indígenas en muchos municipios de la región. ¿Cómo puede hablarse de “paz” o “entendimiento” en La Araucanía si quienes diseñan e implementan políticas públicas ni siquiera tienen una estructura institucional que dialogue de manera real y permanente?
La llamada Comisión de Paz y Entendimiento, lanzada con gran simbolismo por el Ejecutivo, corre el riesgo de ser letra muerta si no se ancla en los territorios. De los 32 municipios de La Araucanía, menos de un tercio cuenta con asesorías técnica y política en materias indígenas, a pesar de que, según el Censo 2017, casi el 34% de la población regional se identifica como parte del pueblo mapuche. Esta falta de capacidad instalada evidencia no sólo negligencia, sino también una falta de voluntad política para transformar de raíz la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Y aquí conviene recordar lo obvio: los consejeros regionales, alcaldes, concejales, parlamentarios y toda autoridad electa están en comisión de servicio, mandatados por la ciudadanía. No se trata de cargos personales, sino de responsabilidades públicas, donde el principio de soberanía popular debe ser respetado como pilar fundamental de la democracia. En especial cuando hablamos de proyectos de inversión o leyes que afectan directamente a comunidades históricamente marginadas.
La práctica de actuar «por las propias», sin consultas ni diálogo, es una herencia del centralismo y del paternalismo estatal que tanto daño han hecho al país. Se trata de una lógica donde las autoridades suponen que lo saben todo, que están por encima del saber local o del conocimiento ancestral, y que pueden tomar decisiones sin validar ni compartir el poder con las comunidades. Esta mirada, profundamente vertical y colonial, ha sido responsable de innumerables conflictos. Lo hemos visto en proyectos como centrales hidroeléctricas, concesiones forestales, programas de fomento, de infraestructura vial, o políticas habitacionales impuestas. En muchos casos, esto ha derivado no solo en tensiones, sino en una creciente desconfianza o deslegitimación institucional.
No se trata de felicitar a las autoridades por cumplir su trabajo. Cumplir el mandato popular no es una virtud extraordinaria: es su obligación.
Es hora de poner el énfasis donde realmente importa: control ciudadano, diálogo horizontal y construcción colectiva. Solo así podremos avanzar hacia una Araucanía con futuro, donde la justicia social y el respeto a la sociedad organizada no sean eslóganes, sino una acción permanente y que forme parte de una nueva cultura por una nueva Araucanía.
