La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), oficializó este viernes la entrega de certificados de subsidios correspondientes al 19° Concurso de Adquisición de Tierras por Indígenas. A nivel regional, este concurso regular e institucional —basado en el cumplimiento de requisitos de ahorro previo, equidad socioeconómica y vías institucionales pacíficas — contempla una inversión total de $8.730.000.000.
Con estos fondos fiscales directos y no reembolsables, se beneficia a un total de 291 familias adjudicatarias (224 individuales y 17 partes de comunidades) distribuidas a lo largo de las provincias de Cautín y Malleco. Cada una de las familias contará con un tope de hasta $30 millones de pesos para financiar la adquisición de terrenos en el mercado formal.
En el acto central, desarrollado en la capital regional, se hizo entrega particular de sus actas a 59 beneficiarias individuales correspondientes de manera paritaria a las comunas de Temuco (30 mujeres) y Padre Las Casas (29 mujeres).
Cumplir un sueño y consolidar la propiedad individual
Durante la pauta de prensa, el director nacional de CONADI, Ignacio Malig Meza, expresó la alta relevancia de este fondo para el desarrollo de las comunidades. «Es cumplir un sueño, es hacer realidad la esperanza de tierra que tienen muchas personas mapuche de la Región de La Araucanía. Hoy, con este subsidio, la gente tiene una posibilidad cierta de adquirir tierras de manera individual, de ser propietarios únicos y exclusivos de su propia tierra», señaló la autoridad, valorando el despliegue presupuestario de la institución.
Asimismo, Malig Meza extendió un llamado de tranquilidad a la ciudadanía frente a los procesos vigentes: «A las personas que tienen dudas, los invitamos a acercarse a CONADI. La compra de tierras no para; nosotros seguimos con nuestro subsidio 20 A y con el fondo de tierras del 20 B tampoco se detiene».
Proyectos de vida y arraigo
El impacto de este fondo estatal se refleja directamente en las proyecciones laborales y el sentido de identidad de quienes recibieron su subsidio. Jimena Torres, una de las beneficiarias individuales, manifestó con emoción su gratitud al recibir la certificación:
«Me siento muy agradecida, contenta y feliz. Agradecida de todos mis ancestros, porque por ellos yo estoy acá. Quiero vivir, producir, trabajar en la tierra y ser un aporte para mi comunidad donde voy a residir. Yo trabajo en medicina y también como ‘retrafe’ (platera tradicional), entonces tengo mucho conocimiento para aportar a mi comunidad».
Por su parte, Yamna Moncada Huaiquillán, quien postulaba por primera vez al beneficio territorial, destacó los planes inmediatos que implementará de cara al desarrollo agrícola:
“Me parece bastante increíble haberlo ganado, porque era la primera vez que yo postulaba y salí beneficiaria de este subsidio. Mis proyectos y planes con la tierra son, primero que nada, trasladarme para poder vivir y trabajarla en lo que son frutillas; y quizás plantar tomates también, sería lo ideal”.
Modernización y resguardo de la propiedad indígena
Desde la perspectiva de la actual administración del organismo, se enfatizó que el concurso regular (Artículo 20, letra a) resguarda la equidad del proceso e impulsa la capitalización rural. En este sentido, las autoridades aprovecharon el hito para reforzar un mensaje de tranquilidad respecto de la agenda legislativa de reforma a la Ley Indígena N° 19.253 promovida por el Ejecutivo.
Se recalcó de forma categórica que las modificaciones propuestas no eliminan la protección de las tierras indígenas, por lo que estas bajo ningún caso podrán venderse a personas no indígenas ni a quienes no pertenezcan a la misma etnia. El núcleo de la reforma apunta a otorgar libertad jurídica para que las familias dejen de estar amarradas a restricciones comerciales ineficientes; permitiéndoles —siempre que lo estimen conveniente— arrendar formalmente bajo contratos ajustados a derecho a valor de mercado, utilizar los predios como garantía bancaria (hipotecas) para créditos productivos y postular a subsidios habitacionales estándar del Minvu.
Con esto, el Gobierno busca que las familias rurales produzcan en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía de forma competitiva, asegurando que el patrimonio territorial permanezca resguardado en manos de sus beneficiarios.
